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SINALOA, CALIENTITO
A diferencia de lo que pudiera pensarse, no. No es la captura de
Joaquín Guzmán Loera lo que tiene a la gente de Sinaloa interesada, pendiente,
ni mucho menos ansiosa por saber del resultado de las pesquisas a su alrededor,
por más que ayer integrantes de la Subprocuraduría Especializada en
Investigación y Delincuencia Organizada (SEIDO), detuvieron a la legisladora
local panista, Lucero Sánchez López, como otra presunta “mujer” del
narcotraficante. Mucho menos los medios de comunicación, que llevan el caso, le
han dado todo el peso a las banalidades ligadas con el mundo del espectáculo,
como pudo ocurrir en otras ocasiones. Lo que tiene intrigado a los sinaloenses
es la sucesión en el gobierno constitucional.
* Por Renato Consuegra
E-mail: renatoconsuegra@yahoo.com.mx
Twitter: @renatoconsuegra
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NIÑO IMPUNE
Por Renato Consuegra (*)
México, D. F., a 15 de febrero de 2013
Es un cachorro si no de la Revolución, si de la impunidad que el amparo del poder ha dado a la vieja clase política priista. Se viste de verde pero por dentro es más priista que muchos. Y tiene por qué. Sin embargo, su detención la madrugada del domingo 17 puede ser el inicio de una andanada en su contra por parte de algún grupo político contrario, entre los que se disputan el poder. Es un aviso para Jorge Emilio González Martínez, el “Niño Verde”.
Su abuelo, Emilio Martínez Manautou fue un cacique latifundista en Tamaulipas, Diputado y Senador de la República en los años 50 y 60, quien compitió contra Luis Echeverría como precandidato para las elecciones de 1970, cuando ocupaba el cargo de Secretario de la Presidencia de la República con Gustavo Díaz Ordaz; luego fue Secretario de Salubridad y Asistencia en la presidencia de su ex colaborador José López Portillo, desde donde acumuló una mayor fortuna al realizar negocios desde la Comisión Constructora de Ingeniería Sanitaria, entregando obras a empresas cercanas a él. Fue el sexenio del saqueo al país.
Ahí también fortaleció su relación económica y familiar con los González Torres, dueños de las farmacias El Fénix de Tampico, uno de cuyos integrantes, Jorge, se casó con su hija Leticia. De este matrimonio nació Jorge Emilio, “El Niño Verde” en 1972.
López Portillo hizo al abuelo Martínez Manatou gobernador de Tamaulipas de 1981 a 1987, lapso en el que también fue señalado como uno de los “sacadólares”, junto con Rodolfo Echeverría —hermano del ex presidente—, el también gobernador de Guanajuato, Enrique Velasco Ibarra; el hijo del ex regente Carlos Hank González, Carlos Hank Rhon y el empresario Pablo Aramburuzabala, accionista entonces del Grupo Modelo, entre los más destacados.
Con el apoyo de su suegro el todavía gobernador, Jorge González Torres se integró a la política dentro del PRI y tras crear la Alianza Ecologista Nacional a principios de los 80, en 1986 fundó el Partido Verde Mexicano, en el momento en el que varios priistas decidieron salir, como lo hiciera también Cuauhtémoc Cárdenas, entre otros, candidato al que el padre de Jorge Emilio se unió en la presidencial de 1988.
Luego de perder el registro, insistió ahora con el Partido Ecologista de México en 1990 y volvió a perder el registro en las elecciones de 1991. Sin embargo, por quién sabe qué extraña razón jurídica lo recuperó en 1993, mediante la realización de las asambleas en las que logró confirmar 86 mil simpatizantes; ese año también cambió el nombre al actual Partido Verde Ecologista de México.
Tras 14 años al frente del partido, en 2001 Jorge González Torres heredó la empresa-política familiar a su hijo, el joven Jorge Emilio González Martínez, quien ha sido más conocido por su vida ligera y los escándalos que lo acompañan, incluido el de su arresto la madrugada de este domingo.
El partido de la familia y amigos de los González Martínez sorteó a lo largo de los siguientes años una serie de problemas legales y electorales, producto de su cercanía con los grupos de poder político.
En 2006 A vuelapluma se publicó un estudio notarial donde se expresaba que el Partido Verde Ecologista de México sólo contaba con el 8.91 por ciento de los afiliados que el propio instituto político propuso en 2003 para los nuevos partidos o la conservación del registro de los ya existentes. El 28 de octubre de 2003 el Verde presentó una iniciativa en el Senado de la República a fin de incrementar al doble los requisitos para que las agrupaciones políticas obtuvieran su registro como Partidos Políticos Nacionales.
De acuerdo con la escritura pública 20,952 de fecha 31 de octubre del 2005, el Notario Público 142, Daniel Luna Ramos, señaló que una vez realizada la compulsa del padrón de militantes y del quórum de las asambleas estatales del instituto político, se desprendía que el PVEM estaba integrado por apenas 16 mil 668 miembros y no los 170 mil 788 que se necesitaban en ese momento. Pero el IFE nunca le quitó el registro.
En tanto, en 2004, cuando el PVEM gobernaba Cancún, se dio a conocer un video en el que se intentaba sobornar al nieto de Martínez Manautou con 2 millones de dólares para la liberación de unos terrenos protegidos ecológicamente.
En uno de los más recientes escándalos, el 2 de abril de 2011 una joven de 25 años, originaria de Bulgaria, Galina Chankov, cayó del departamento 19B de las Torres Emerald de Cancún, presuntamente propiedad del llamado “Niño Verde”. Nunca se le investigó formalmente, a pesar de las evidencias.
En la madrugada del domingo fue detenido por el alcoholímetro en el Distrito Federal y llevado al centro de arresto administrativo conocido como “El Torito”. En alguna otra circunstancia, tal vez, la detención del político pudo pasar desapercibida o no realizarse. Sin embargo, al reportar los policías a sus jefes, la orden seguramente fue arrestarlo para darle un golpe mediático, salvo que también haya sido una acción bien estructurada, con el mismo propósito.
Sea cual sea el caso, Jorge Emilio, quien ha sido cubierto con el manto de la impunidad que le heredó su abuelo desde 1994, cuando a sus 22 años fue electo a un cargo de elección popular: asambleísta del Distrito Federal, ahora comenzó a saber lo que implica carecer de él, aunque sea por una noche de copas.
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(*) Renato Consuegra es periodista, Premio Latinoamericano de Periodismo José Martí y director de Difunet y Campus México. Esta columna es publicada en el sitiohttp://www.ricardoaleman.com.mx/index.php/plumas-invitadas/renato-consuegra
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VUELTA AL PASADO AUTORITARIO (IFAI)
Por Renato Consuegra / *
México, D. F., a 15 de febrero de 2013
¿¿Habrá alguien interesado en dinamitar el IFAI? Parece que lo hay. Un órgano que había ganado prestigio desde su creación está, como el IFE, a punto de decir adiós a sus mejores días como garante de la transparencia en el país. Y hoy que se acercan momentos difíciles para dar a conocer información relevante, se destapa, como por arte de magia, la acusación de un presunto hacker que pone a todos los comisionados del IFAI sobre aviso: los están investigando.
Quien presuntamente los investiga es Wanda Sigrid Arzt Colunga, vinculada directamente con Felipe Calderón, el ex presidente de México, pero ajena a la comunidad que maneja la transparencia en el país. Por el contrario, maestra y doctora en estudios internacionales, ha trabajado como consultora para el CISEN, como secretaria técnica del Procurador General de la República Antonio Lozano entre 1994 y 1996 y en 2007 fue nombrada secretaria Técnica del Consejo de Seguridad Nacional. Es decir, una especie de policía.
Ahora, si es verdad que Arzt Colunga trabaja para Calderón, sería para evitar la difusión de los resultados de la lucha contra el crimen organizado, según dicen por ahí. Pero, entonces, ¿por qué investigaba también a Alejandro Poiré, ex secretario de Gobernación, a Maximiliano Cortázar, ex Coordinador General de Comunicación Social de Presidencia y al ex director de Opinión Pública de Presidencia, Rafael Giménez? o, ¿será que Calderón ya no cree ni en su propia sombra y considera que le jugaron chueco?
Pero si no fue por ahí, entonces habrá que investigar para quién sería la información que involucra, ya no sólo a los compañeros de Arzt Colunga y a los ex hombres del ex presidente, sino también al ex secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Jorge Tello; a los ex secretarios ejecutivos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Roberto Campa y Juan Miguel Alcántara; a la ex titular de la Fepade, María de los Ángeles Fromow; al ex director de Financiera Rural, Enrique de la Madrid y al ex diputado Ildefonso Guajardo, actual secretario de Economía.
Es decir, que salvo Poiré, Cortázar, Alcántara y Giménez, la investigación estaba dirigida a personajes de la vida pública de extracción priista, prácticamente todos ellos vinculados con la seguridad nacional y de los que, seguramente, ella tenía antecedentes a su paso por las oficinas de inteligencia. Son indicios, hay que investigarlos.
El IFAI nació con grandes pretensiones y las logró. Ha sido un referente para dotarnos de información sobre el quehacer de la administración pública, que antes de su existencia simplemente nos era negada a los ciudadanos o se entregaba de acuerdo con el interés de quienes la administraban. Por su labor los ciudadanos nos hemos enterado de muchos asuntos francamente relevantes. Alonso Lujambio pasó del IFE al nuevo órgano y con él se fue también Jacqueline Peschard, ambos lo presidieron con prestigio, como ocurrió al IFE en sus primeros años ciudadanizado.
Pero las cosas en nuestro México tal parece que ocurren por obra y gracia de la Divina Trinidad, en momentos justos. Precisamente cuando los personajes mencionados y los comisionados son investigados, un hacker los alertó. Terrible que un hacker se meta al sistema informático del IFAI con tanta facilidad y rastreé. Nada más como pregunta: ¿No será que la Comisionada fue implicada para deshacerse de ella y utilizar este hecho para remover a todos los incómodos?
No hay crisis institucionales, sino crisis provocadas, sembradas, para golpear a las instituciones y moldearlas a modo del poder. Hoy estamos, parece, ante un nuevo rediseño institucional que al actual grupo le permita mantener el control del país por mucho tiempo.
El jueves 17 de enero el presidente Enrique Peña Nieto y gran parte de su gabinete dieron a conocer su declaración patrimonial, la gran mayoría de ellos, curiosamente, dueños de muebles e inmuebles que les fueron donados, así, nada más. Ese mismo día el presidente quiso explicar las iniciativas que envió al Congreso para combatir la corrupción y se refirió al IFAI, como “el Instituto de información y de acceso a la opinión pública”, un yerro mediáticamente difundido.
Al día siguiente, el viernes 18 fue votada la presidencia del IFAI y al recaer en el recién llegado Gerardo Laveaga, el derrotado José Ángel Trinidad Zaldívar, quien se creía con los merecimientos para estar al frente del órgano, lanzó el primer gran golpe al Instituto el día 21, durante la toma de protesta. Criticó a Laveaga porque “tiene un rezago de 291 asuntos, a diferencia de todos los demás que rondamos en promedio los 63”. Vaya, ¿un ladrón es menos delincuente porque robó una playera que el que robó millones de pesos?
Se debe investigar también lo ocurrido en el IFAI el día 18 porque al parecer Sigrid Artz recibió presiones de Trinidad Zaldívar para votar por él o de lo contrario la tomaría en su contra, y lo cumplió. Estos escándalos han sido tomados por el yerno de Manlio Fabio Beltrones, el senador verde Pablo Escudero y el perredista Julio César Moreno Rivera, para pedir la remoción de todos los comisionados, alentados también por el coordinador de los priístas en el Senado, Emilio Gamboa.
Vaya, una vuelta al pasado, de control absoluto, en el futuro del IFAI.
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(*) Renato Consuegra es periodista, Premio Latinoamericano de Periodismo José Martí y director de Difunet y Campus México. Esta columna es publicada en el sitiohttp://www.ricardoaleman.com.mx/index.php/plumas-invitadas/renato-consuegra
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Por Renato Consuegra / *
México, D. F., a 13 de febrero de 2013
A lo largo de las últimas semanas hemos visto una serie de golpeteos a las instituciones creadas a partir de 1990, las que presuntamente le daban mayor certeza a la democracia mexicana porque se pretendía con la autonomía presupuestal y jurídica de los órganos garantes, que sus decisiones podrían tener mayor independencia de los partidos políticos, convertidos hoy en uno de los grandes males de nuestro país.
Un caso es el IFE. Nació en la etapa cuando México necesitaba cambiar, cuando nuestro país estuvo en peligro de credibilidad y necesitaba de personajes “ampliamente prestigiados de la sociedad”, para que se creyera “el camino espontáneo” que tomaba la democracia mexicana.
Los conflictos poselectorales de 1988 propiciaron la creación de un órgano independiente de los partidos políticos, para sustituir a la Comisión Federal Electoral instalada en la Cámara de Diputados. Sin embargo, entre octubre de 1990 y mayo de 1994, se mantuvo su imagen de órgano de estado por su integración con miembros del Ejecutivo —el Secretario de Gobernación como presidente—, el Legislativo —Consejeros del Poder Legislativo— y Judicial —Consejeros Magistrados electorales.
Con el fin de darle mayor confianza a la sociedad el año que vivimos en peligro tras la muerte de Luis Donaldo Colosio, en 1994 se integró la primera Sala General con consejeros ciudadanos: Santiago Creel Miranda, Miguel Ángel Granados Chapa, José Agustín Ortiz Pinchetti, Ricardo Pozas Horcasitas, José Woldenberg y Fernando Zertuche Muñoz.
La verdad es que realmente ninguno de ellos era apartidista, pero al menos tuvieron la confianza de la gente y, producto de este experimento, en 1996 se abrió la puerta a la “ciudadanización” para que personajes aparentemente sin partido, tomaran las riendas del siguiente IFE: Con José Woldenberg como presidente del Consejo General lo integraron José Barragán Barragán, Jaime Cárdenas Gracia, Jesús Cantú Escalante, Alonso Lujambio, Mauricio Merino y Jacqueline Peschard.
El caso es que como los partidos políticos siempre han aprobado a sus integrantes, lógico es que promuevan a personajes cercanos a sus fines y las fuerzas quedan conformadas en la medida en que cada uno de los partidos pueda impulsar a más miembros o, en su caso, los grupos políticos infiltrados en los distintos partidos, logren desde diferentes posiciones promover a sus alfiles.
Entonces, en lugar de que siguieran al frente personajes como Fernando Gutiérrez Barrios, Patrocinio González Garrido, Jorge Carpizo McGregor, Esteban Moctezuma y Emilio Chuayffet Chemor, además de Arturo Núñez Jiménez, Felipe Solís Acero, María del Carmen Alanís Figueroa y Manuel López Bernal, todos ellos presidentes, directores y secretarios ejecutivos del IFE en su momento, entraron caras nuevas, caras ciudadanas.
En 2003 se mantuvo la fórmula anterior, con personajes con afinidad a los partidos políticos pero sin ser totalmente abierta: Luis Carlos Ugalde, Andrés Albo Márquez, María Teresa de Jesús González Luna Corvera, Luisa Alejandra Latapi Renner, María Lourdes López Flores, Rodrigo Morales Manzanares, Virgilio Andrade Martínez, Marco Antonio Gómez Alcántar y Arturo Sánchez Gutiérrez.
Hasta que tras el escándalo de Andrés Manuel López Obrador por los resultados de la elección de 2006, se produjo la sustitución de Luis Carlos Ugalde al frente del organismo y, no contentos, los partidos políticos encabezados por el PRI, le metieron mano al órgano garante de la imparcialidad electoral, para despacharse con la cuchara grande y hoy vemos las consecuencias.
Aplicaron una reforma que pasó, de una fiscalización de los partidos políticos que era suficientemente intensa y estricta, realizada por el Consejo General del IFE, a una fiscalización que ya no la hace el Consejo General, sino una Unidad de Fiscalización que redujo el alcance de la misma necesariamente por ley. Pero, sobre todo, al evitar que los partidos políticos pagaran por mensajes en medios, que es donde utilizaban el 80 por ciento de su gasto, éste se dispersó y ya se no se pudo seguir la contabilidad de quienes evidentemente superaron los gastos de campaña como el PRI.
El caso Monex, la conclusión de que Andrés Manuel López Obrador fue el único que superó los límites de gastos y la renuncia de Sergio García Ramírez, son sólo un golpe más que terminará por desacreditar la escasa credibilidad que tenía el actual IFE. ¿Estamos viendo su fin y la integración de un nuevo órgano que recupere sólo la imagen de éste, pero todavía más sometido?
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Por Renato Consuegra / *
México, D. F., a 5 de febrero de 2013
La verdad de Estado es que no fue atentado. Pero la explosión del pasado jueves fue tan difusa como difusa y confusa la explicación ofrecida la noche del lunes 4 de febrero por el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, quien no sólo dejó muchas dudas en el aire, sino que en un intento por desacreditar una nota incómoda del diario La Jornada, es decir, al pretender echar por tierra cualquier posibilidad de un atentado —presuntamente habrían sido encontrados explosivos en una maleta—, realizó un mal chiste de un evento en el que perdieron la vida 37 personas a la fecha y un centenar resultaron lesionadas.
Si Murillo Karam carece de tino para dar información creíble y detallada, ojalá lo tenga para disculparse con los deudos de las víctimas y lesionados, por el mal chiste. Ya no digo a las mujeres por ese chiste sexista, que también debería.
El Procurador no entiende que han sido tantas las mentiras y simulaciones con las que los gobernantes han violentado la confianza de los mexicanos, que poco se les cree. Pero, sobre todo, parece no entender que la muerte de 37 personas es cosa seria, que un “estadista” o político con tablas como él —así le llamaron algunos lisonjeros gratuitos en días anteriores— tiene la responsabilidad de dar certezas a los ciudadanos, sin dejar cabos sueltos. Finalmente es el “abogado del pueblo”.
En cambio, parece que la explicación a los mexicanos sobre la explosión en las oficinas de Pemex, la tomó de la misma forma como respondió la pregunta sobre la maleta, a la ligera.
La verdad del Gobierno, entonces, creó sospechas. Se convirtió en la verdad sospechosa.
Debieron darnos, entre otras, las siguientes explicaciones: ¿Qué cantidad de gas metano debe acumularse para generar una explosión con la magnitud de la del jueves? ¿Cómo y dónde pudo haberse acumulado? Pregunta Xóchitl Gálvez, que de edificios inteligentes sabe lo suyo, sobre qué pasó, porque “se supone que el gas metano contiene mercaptano (aromatizante), justo para detectar alguna fuga”.
¿Por qué tardaron cuatro días para darnos esa explicación que siguió el mismo rumbo que la ofrecida la noche del mismo jueves 31 de enero por el presidente Enrique Peña Nieto?
Pero quizá una de las más importantes respuestas no fue dada: ¿Por qué la empresa que maneja riesgos todos los días en los pozos petroleros, las plataformas de extracción, las refinerías, los oleoductos y gasoductos, etc., tuvo tan escaso cuidado en las instalaciones donde se encuentran sus oficinas centrales, es decir, las oficinas donde labora la gente que dirige a la empresa más importante del país?
Ya tenemos una verdad de Estado, difusa y confusa, pero la tenemos. Lo que no hubo fueron certezas.
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¿ATENTADO POR PEMEX?
Por Renato Consuegra / *
México, D. F., a 4 de febrero de 2013
Si la explosión en las oficinas centrales de Pemex fue producto de cualquiera otra circunstancia, menos de un atentado, ¿cuáles son los motivos para que las autoridades se frenen para dar la información de manera que permita a la comunidad tener certeza en los resultados de las investigaciones? En la anterior A vuelapluma expresamos que finalmente la verdad saldría por conductos oficiales o extraoficiales y esto, al parecer, ya ocurre.
La mañana del primero de febrero ya se corría el rumor de que la noche anterior, los topos encontraron dos cargas explosivas sin detonar. Esto habría ocurrido precisamente minutos antes del reporte del periodista Salvador Maceda, ya narrado también. En aquellos momentos del jueves 31 de enero salieron del lugar dos camiones que presuntamente transportaban picos y palas pero, curiosamente, iban fuertemente custodiados. Al parecer transportaban las cargas de los explosivos plásticos no detonados, 540 gramos.
Tras la lectura de la columna titulada ¿Zona Cero? ¡Cero Mentiras!, un experto, perito en explosivos me escribió: “OK, muy en el blanco, tienes razón en general” y destacó: “Técnicamente, el evento fue así de ‘demoledor’ porque provino de/desde un impacto sónico —de una deflagración explosiva (muy seguramente originada en explosivos de tipo ‘plástico’ (la dinamita y Pablo Escobar ya pasaron a la historia)—, y no hay fuego/humo porque ‘la combustión’, es instantánea; lo buscado en el diseño del intrusor, es generar una ‘onda de choque’ para un radio de efecto predecible (si observas las imágenes de las losas del piso 1, ‘que colapsó’ hacia el sentido ‘sótano’ (de abajo), se aprecia como si un gran mazo la hubiera impactado ‘al centro’). Estas son operaciones similares a las de ‘cortar puentes’ o tirar edificaciones de modo ‘limpio’”.
La anterior información ya salió del ámbito nacional y la compañía texana de inteligencia Stratfor se hizo eco de los rumores, por lo que “si las conjeturas sobre una causa no accidental del hecho son ciertas, el nuevo gobierno en México se enfrentaría a varios desafíos políticos, como la intimidación criminal y disputas políticas alrededor de la reforma a Pemex, que busca aumentar la producción de petróleo y de gas natural. La empresa proporciona entre el 30 % y el 40 % del presupuesto nacional”.
Esta información fue publicada el 3 de febrero por CNN en español (http://cnnespanol.cnn.com/2013/02/03/compania-de-inteligencia-se-hace-eco-de-los-rumores-de-atentado-en-la-explosion-en-pemex/) y agrega: “El análisis de Stratfor sugiere que si la explosión llegase a ser un ataque, la explicación estaría en los intereses dentro de Pemex frente a la búsqueda de eficiencia de parte del gobierno del presidente Peña Nieto. Las reformas impedirían que algunos funcionarios tengan acceso a los fondos de la compañía y presuntamente se ha discutido que la nueva dirigencia de la empresa despediría a miles de empleados. Así, las tensiones dentro de Pemex y del Partido Revolucionario Institucional —cercano a los líderes sindicales de la compañía— podrían ser un factor de peso dentro de la investigación”.
La empresa estadounidense pone el dedo en la llaga al indicar que “las tensiones” dentro de Pemex y del PRI “podrían ser un factor de peso dentro de la investigación”. Es decir, que ya existiría en el partido en el poder, una pugna entre los diversos grupos que el año pasado se unieron para recuperar la presidencia.
El actual director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin es hijo de Emilio Lozoya Thalmann, quien fuera director general del ISSSTE y terminara el sexenio de su amigo Carlos Salinas de Gortari como Secretario de Energía. Lozoya Thalmann fue quien presuntamente habría ofrecido total certeza y seguridad a un grupo de empresarios japoneses, en diciembre de 1993, para invertir en México porque el grupo en el poder, en ese momento liderado por Salinas de Gortari, tendría la Presidencia de México durante 25 años más. Otro dato es que Lozoya Austin es un cercano a otro de los hombres fuertes de Salinas de Gortari, Pedro Aspe Armella.
Los intereses por dirigir el futuro de la compañía estatal y la forma cómo explicarlo podrían ser los motivos por los cuáles no se da, ni se dará a conocer la verdad. Hacerlo pondría al actual gobierno y su partido en una mala situación frente a los mexicanos por las personas fallecidas, por lo que nuevamente los mexicanos nos quedaremos con la duda. Los hechos, sin embargo, están a la vista.
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¿ZONA CERO? ¡CERO MENTIRAS!
Por Renato Consuegra / *
México, D. F., a 2 de febrero de 2013
Quizá sin pensarlo ni quererlo o porque alguien se los indujo, la mayoría de los medios de comunicación se han referido a las oficinas centrales de Petróleos Mexicanos tras el siniestro del jueves 31 de enero, como la Zona Cero, acostumbrados a copiar todo lo que viene de los Estados Unidos, como cuando las autoridades de Nueva York llamaron así al lugar del atentado del 11 de septiembre de 2001 a las Torres Gemelas.
De acuerdo con la información disponible en la WWW, la expresión Zona Cero surge como traducción de la expresión inglesa Ground Zero y tuvo su primer uso para referirse a la zona donde explotaron las bombas atómicas en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Antes se habían referido a la zona donde realizaron ensayos atómicos exitosos, en Alamogordo, Nuevo México, como el Point Zero. El Diccionario de Inglés Oxford cita el uso de este término definiéndolo como la parte de tierra o suelo inmediatamente debajo de una explosión de bomba y sobre todo en el caso de un arma nuclear.
Es una obligación de los periodistas y los medios de comunicación evitar la especulación. Es un deber, también, de las autoridades en el Gobierno de la República, informar a la población de manera puntual, clara y protegiendo sólo los intereses de la Nación, sobre la realidad de los acontecimientos. Es nuestro derecho. Debemos estar informados sobre lo que ocurrió y es hora de conocer la verdad.
En cambio, ante la falta de una información precisa y sólo evasivas a la pregunta central, se da pie a la especulación, a que la información se salga de los cauces oficiales y la verdad aparezca en los informales, lo que daña aún más la confianza ciudadana en sus gobernantes.
Por esto mismo llama la atención que no exista un pronunciamiento claro y oportuno. Se han dejado correr versiones interesadas de que hubo un estallido de gas, los cuales expertos en este tipo de explosiones han echado por tierra. Lo mismo ocurrió ante la posibilidad de una explosión causada por fallos eléctricos.
Un estallido de gas o conflagración eléctrica necesariamente habrían causado incendios. No así una bomba, cuyas consecuencias, además del gran golpe de la detonación, son las de una gran fuerza expansiva como ocurrió ayer en Pemex.
Si esto fue así, entonces el Gobierno muy probablemente se encuentra frente a un gran dilema de comunicación para explicar el presunto origen. El gobierno de México carece en este momento de argumentos para culpar a algún extranjero como sí los tuvieron los estadounidenses con Osama Bin Laden. Tampoco existen hoy fuerzas radicales de izquierda o comunistas, como los tuvieron los gobiernos de los años 70, puesto que la presunta izquierda mexicana actual está más que cooperativa con el nuevo gobierno. ¿Entonces, quién?
Algunos de los testigos han comentado que se escuchó una explosión seca, sin eco. ¿Y si no fue una, sino varias? La reportera Icela Lagunas recogió el testimonio de uno de los trabajadores de Pemex, Roberto, para Reporte Índigo: “Muchos corrimos a esa zona, no sabíamos qué había pasado, sólo sentimos la sacudida, después la nube de polvo y los gritos de ayuda, pero de pronto se escuchó otro sonido, como si el edificio tronara o se fuera a caer, luego otro ruido más fuerte, todos corrimos y nos alejaron del B2”.
¿Pudieron ser más explosiones? Salvador Maceda, reportero de TV Azteca, relató el jueves 31 de enero que 10 minutos antes del inicio del noticiario nocturno, alrededor de las 22:20 horas, hubo una gran movilización de cuerpos de seguridad, emergencia y personal que se encontraba en la zona del siniestro en las oficinas centrales de Pemex. Las imágenes proyectaban gente corriendo despavorida. ¿Cuál fue la orden para tal estampida humana? ¿Acaso encontraron algún o algunos artefactos sin explotar?
Hablar de Zona Cero en su concepción original implica aceptar que hubo alguna bomba. A 24 horas no existe una aclaración contundente. “Todo apunta a que fue un accidente”, opina el director de la paraestatal, Emilio Lozoya. “Que la investigación sea seria y transparente”, reclama el ex Presidente Felipe Calderón.
Que se nos diga la verdad, Cero Mentiras, reclamamos todos los mexicanos.
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¿Y LA JUSTICIA, PA'?
Por Renato Consuegra / *
México, D. F., a 24 de enero de 2013
Que la resolución de la Suprema Corte de Justicia en el caso de Florence Cassez está apegada a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos que México aprobó y firmó, no hay duda. Que se privilegió el derecho y en su caso el “debido proceso”, por sobre la justicia y este caso debe servir como parteaguas para el nuevo paradigma del sistema procesal penal mexicano, llamado acusatorio y adversarial, tampoco. Se otorgó la presunción de inocencia.
Sin embargo, debemos recordar cómo en nuestro país, desgraciadamente, las cosas cuando ocurren, pocas veces son circunstanciales. Fue una decisión donde no se repuso el caso como en algunas otras ocasiones, sino se otorgó el amparo directo para liberarla de inmediato, justo para que la francesa tuviera tiempo de llegar al aeropuerto y huir a su país. Esto permitió evitarle se le pudieran fincar responsabilidades por cualquiera otro probable delito.
De esta forma, nunca sabremos si en realidad era culpable o inocente. Es decir, que por un error de forma simplemente no se llegó al fondo. De esta forma, Cassez se convertirá en una mancha más del sistema judicial mexicano.
No será lo mismo para el resto de la presunta banda de secuestradores porque en México nada ha cambiado aunque haya cambios. Nada se ha movido. Todo sigue igual porque los presuntos cambios hasta ahora no son otra cosa que simulación. La justicia responde sólo a los intereses políticos y económicos. Los intereses de los ciudadanos y de la Nación como tal, pueden seguir esperando como ha sido durante décadas.
Durante el pasado sexenio hubo una colusión de grupos políticos e intereses empresariales, incluidos los de algunos medios de comunicación, con toda la intención de poner en ridículo y hacer ver mal al anterior gobierno y abonar el regreso del viejo PRI con el cual se hicieron y crecieron hasta alcanzar un poder casi absoluto. Poco batallaron para lograrlo. Genaro García Luna y los distintos procuradores nombrados por Felipe Calderón, les hicieron la tarea.
Ante este fracaso de quienes fueron autoridad en su momento e hicieron mal su trabajo, es preciso que haya una investigación a fondo, imparcial y expedita para deslindar responsabilidades, localizar a los responsables y castigarlos, sea porque indebidamente montaron un espectáculo y se olvidaron de seguir los pasos que las leyes y el derecho marcan o porque su incapacidad fue tal que los resultados están ahí, muy claros.
No hacerlo es mantener la impunidad. No hacerlo es alimentar la simulación. No hacerlo es continuar con un México lastimado por la corrupción. No hacerlo es simplemente burlarse una vez más de sus ciudadanos.
Mucho cuidado también con los juzgadores. Así como hay jueces de consigna, los puede haber entre los ministros de la Suprema Corte de Justicia y no está por demás realizar una revisión de las posturas de los integrantes de la Primera Sala el 8 de marzo pasado y ayer 23 de enero, así como los casos que han dictaminado. Eso lo analizaremos más adelante.
Empero la forma de gobernar y procurar justicia del viejo PRI, que es el nuevo reciclado, no es mejor que la del anterior gobierno. Por fallas al “debido proceso” hubo casos que se les cayeron de las manos a los priistas de entonces, como ocurrió con el montaje de “La Paca”, ideado por Pablo Chapa Bezanilla en contra de Raúl Salinas de Gortari, otro presunto delincuente absuelto por las inconsistencias en las acusaciones pero, sobre todo, por el teatro de la osamenta que probablemente pertenecía a Manuel Muñoz Rocha.
Como también, por faltas al debido proceso, muy probablemente pronto veamos fuera de las rejas al presunto Mario Aburto, el que se encuentra recluido en Almoloya y que en nada se parece al que presuntamente asesinó a Luis Donaldo Colosio en Lomas Taurinas y que desapareció tras la calentadita que le habría dado Manlio Fabio Beltrones en Playas de Tijuana.
En fin, nuevamente en México no se hizo justicia y justicia es justificar con elementos probatorios la culpabilidad o en su caso la inocencia del o los indiciados, en un caso que fue, además de aplicación del derecho, de aplicación de la fuerza política.
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(*) Renato Consuegra es periodista, Premio Latinoamericano de Periodismo José Martí y director de Difunet y Campus México. Esta columna es publicada en el sitiohttp://www.ricardoaleman.com.mx/index.php/plumas-invitadas/renato-consuegra
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DRAMATISMO EN LOS ESTADOS
Por Renato Consuegra / *
México, D. F., a 30 de agosto de 2012
La impunidad de los políticos y funcionarios de los gobiernos municipales, estatales y federal son vastos fabricantes de historias de desesperación, terror y angustia colosales en contra de periodistas en los estados de la república. Compañeros de 28 entidades federativas acudieron el pasado fin de semana al Primer Encuentro Nacional de Periodistas Capacitadores en Autoprotección, quienes contaron sus historias y las de sus compañeros, muchos de los cuales ya no están con nosotros.
Se le da vueltas al asunto de la agresión contra periodistas y medios, pero no se encuentran muchos caminos para acabar con la violencia. No cuando miembros de los poderes públicos —funcionarios de gobierno, de las legislaturas y de los órganos encargados de administrar justicia— y políticos se encuentran en colusión con el hampa organizada.
Priva un estado de tensión permanente y de terror que lleva a unos y otros a desconfiar, incluso, del que está enfrente. “Es un enviado del gobierno del estado”, señala alguien en corto. “Quien sabe qué intereses oscuros representa, pero su medio no tiene publicidad”, afirma otro por otro lado. A la par, la migración de periodistas de sus lugares de origen está a la alza y la mayoría apunta a lo mismo. Ya es el director de la Policía Municipal, el Presidente Municipal, el Diputado local, el Gobierno del Estado, en fin, y más recientemente los líderes sindicales o sociales. Y luego, en las investigaciones, se culpa al crimen organizado para cerrar los casos y dejar en el olvido los asesinatos.
Panelistas y talleristas, por la experiencia cotidiana y por la información recabada estadísticamente, llegan a la conclusión de que la gran mayoría de los ataques provienen del poder público. De que comenzaron a matar reporteros cuando empezaron a publicarse los vínculos de los políticos y funcionarios públicos con el crimen organizado. Tan sencillo como eso.
Hoy existen más reporteros desaparecidos que los contabilizados por las diferentes organizaciones de la sociedad civil. No se sabe de su paradero y tampoco existen denuncias ante las instancias del Ministerio Público porque sus familiares, a quienes correspondía realizar las solicitudes de investigación, son amenazados si acaso hacen público el caso y sus compañeros o amigos también son silenciados: “Ni vayas a la misa, te pueden ver y ni caso que corras peligro también”.
Veracruz, Tamaulipas, Durango, Coahuila, Chihuahua, sobre todo, son los estados donde la vida de los periodistas pende de un hilo. En Veracruz, Oaxaca, Puebla y otras entidades se acota la libertad de expresión y el derecho a la información, ya no sólo mediante la violencia física y emocional de los trabajadores de los medios, sino también a nivel de legislación, con leyes cada vez más restrictivas, contrarias a lo que realmente se necesita, que es una mayor libertad de expresión y de información.
Una buena iniciativa de los compañeros de la Casa de los Derechos de los Periodistas que organizaron el pasado fin de semana el Primer Encuentro Nacional de Periodistas Capacitadores en Autoprotección. Felicitaciones para Judith Calderón y, sobre todo, para Rogelio Hernández. Hubo un abanico de enseñanzas para la protección y autoprotección de todos quienes ejercen la labor periodística. Desde la auto regulación periodística a partir de códigos de ética propios y de los medios, hasta formas de protección física.
Sin embargo, el mejor mecanismo de protección que puede haber en este momento para los periodistas en México debe ir en dos vías: Una es darle visibilidad a todos aquellos que han sido asesinados o desaparecidos, recordar la falta de justicia para los crímenes en su contra y, la otra, presionar de manera constante que se investigue, aprehenda y castigue a los autores materiales e intelectuales de los crímenes.
Quedarse callados es abrevar al olvido y mantener este clima de incertidumbre, terror y crispación para quienes todavía tienen esperanza en que un mejor futuro para México es posible y mantienen una línea de trabajo periodístico independiente, crítico, investigador, revelador de la realidad nacional, que lastima los intereses de unos cuantos, pero abre los ojos de una gran cantidad de mexicanos a las redes de corrupción e impunidad que tienen a México en un estado turbación.
E-mail: renatoconsuegra@yahoo.com.mx
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(*) Renato Consuegra es periodista, Premio Latinoamericano de Periodismo José Martí y director de Difunet y Campus México. Esta columna es publicada en el sitio http://www.ricardoaleman.com.mx/index.php/plumas-invitadas/renato-consuegra
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