Ante la inminente creación de un
sistema de blindaje de actos de corrupción en lugar de un Sistema
Anticorrupción autónomo, profesional e independiente, representantes de los 109
organismos de la sociedad civil que conforman la Alianza Anticorrupción Coahuila,
llevaron a cabo una rueda de prensa en la Plaza de Armas, frente al Palacio de
Gobierno del Coahuila, el pasado 5 de septiembre, ante ciudadanos y medios de
comunicación locales y nacionales, para realizar el siguiente pronunciamiento:
CON INFORMACIÓN: ccic.org.mx
6 SEP 2017
“La corrupción e impunidad en
Coahuila se encuentran en los más altos índices históricos y a pesar de la
gravedad e importancia del tema, ni el Gobernador, ni el Congreso del Estado
han dado un paso a favor de integrar propuestas ciudadanas para el diseño
conjunto de un sistema local que busque de manera eficaz prevenir y sancionar
los actos de corrupción y que sirva al interés público y a nuestra sociedad en
su conjunto.
Estamos convencidos de que el
Estado requiere propuestas técnicamente sólidas, políticamente viables y con
amplio respaldo social, es por ello que los ciudadanos hemos intentado
acompañar al Congreso del Estado y al Gobernador Rubén Moreira Valdés en el
proceso de diseño e implementación de este sistema. Lejos de provocar
conflictos hemos sido respetuosos de los tiempos y formas que el legislativo ha
dispuesto procurando en todo momento una participación ordenada y propositiva.
Como nunca antes en la historia de Coahuila hemos logrado el consenso de más de
cien organismos y colectivos con representación de las diferentes regiones del
Estado y de todos los sectores de la sociedad civil.
Todos, la academia, colectivos
sociales, las asociaciones civiles y el sector empresarial, coincidimos en que
es el momento de construir las instituciones que necesitamos para acabar con la
corrupción y la impunidad.
Como Alianza Anticorrupción
Coahuila hemos hecho propuestas y pronunciamientos a cada parte del proceso:
Denunciamos en su momento la
falta de voluntad política para dar inicio al diseño conjunto de las leyes
generando espacios y tiempos propicios para la participación de la ciudadanía;
lo que originó un proceso acelerado y sin espacios adecuados para el análisis y
la discusión de las leyes.
Exigimos desde el inicio la
figura de “Parlamento Abierto” para dar seguimiento a las acciones, trabajar
con una agenda compartida, establecer compromisos puntuales y transparentar
todo el proceso de creación de este sistema. Sin embargo, el Congreso no
respetó estas condiciones.
Presentamos ante la LX Legislatura
del Estado, propuestas específicas de adecuaciones a las iniciativas
desarrolladas por el Ejecutivo Estatal. Propuestas fundamentadas en estudios y
diagnósticos profundos y consultas con decenas de expertos nacionales y
extranjeros, las cuales fueron ignoradas por el Congreso del Estado.
Advertimos sobre la relevancia de
los puestos clave dentro del sistema y la imperiosa necesidad de diseñar
procesos de selección, designación y remoción incorporando criterios que
permitieran recuperar la legitimidad perdida. Estas solicitudes tampoco fueron
consideradas y hoy contamos con cinco Magistrados y un Fiscal Anticorrupción
que no poseen verdadera independencia política, atributos indispensables para
otorgar autonomía al Sistema Estatal Anticorrupción y por consecuencia para la
procuración de justicia. Nos preocupan los costos que estas designaciones
tendrán para el Estado al continuar con instituciones disfuncionales en materia
de procuración e impartición de justicia y advertimos que la designación de
estos funcionarios tiene como propósito la creación de un sistema de blindaje y
no un sistema anticorrupción autónomo, profesional e independiente.
Diversas organizaciones
integrantes de la Alianza participamos postulando candidatos para integrar la
Comisión de Selección, proponiendo para ello ciudadanos honorables que han
contribuido con su trabajo a la transparencia, rendición de cuentas y el
combate a la corrupción, que fueron descartados y en lugar de ellos el Congreso
eligió ciudadanos que en su mayoría no cumplían con los requisitos estipulados
en la convocatoria y que por su trayectoria y ocupación no garantizan la
autonomía indispensable para el desarrollo de su función.
La corrupción en Coahuila es
grave porque, ante una opción de solución, se ha impuesto la arrogancia y la
prepotencia política; el gobernador de Coahuila ha pervertido y manipulado a su
conveniencia una ley cuya esencia es la participación ciudadana y así las
propuestas civilizadas, razonadas, dialogadas y respetuosas de la ciudadanía
han tenido como respuesta el desdén y el menosprecio de las autoridades y
múltiples derechos humanos y constitucionales han sido violentados.
Hoy, esta lamentable situación
nos congrega en este espacio público para levantar la voz, una vez más, en
contra de la corrupción y las malas prácticas de los gobiernos. ¡No dejaremos
de luchar por la consolidación de un estado de derecho!
Estamos conscientes de que no
basta con diagnosticar problemas o señalar deficiencias, hoy nos toca exigir,
pero también proponer y transformar.
Exigimos que:
- El gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza cumpla con su obligación constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar nuestros derechos humanos y civiles, y en consecuencia repare las violaciones ocasionadas por la implementación de un sistema que atenta contra la procuración de justicia
- El Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza respete en todo momento los principios de máxima publicidad, transparencia y parlamento abierto en las decisiones legislativas y ejecutivas con respecto a la implementación del Sistema Anticorrupción.
- Se promueva de forma inmediata la elaboración de una nueva reforma constitucional que incorpore las propuestas de la sociedad civil para la creación de un Sistema Anticorrupción autentico, profesional autónomo e independiente.
- Se destituya a los integrantes de la Comisión de Selección que no cumplen con los requisitos estipulados en las convocatorias y que no garantizan la independencia política indispensable para cumplir con la función de designar a los miembros del Comité de Participación Ciudadana y se realice un nuevo proceso de designación apegado a los criterios de transparencia, legalidad y objetividad.
- Se inicie el proceso de remoción de los cinco Magistrados y el Fiscal Anticorrupción para dar inicio a procesos abiertos, que cuenten con la participación de la sociedad civil y se apeguen a los criterios de transparencia, legalidad y máxima publicidad. Asimismo, solicitamos se incluyan pruebas de confianza y exámenes de conocimientos y mérito para tan importantes cargos.
- No se realicen más designaciones de puestos clave del Sistema por parte de esta Legislatura.
Por el desarrollo de nuestro
Estado, por el bienestar de nuestras familias, por una nueva concepción de la
función pública y sus responsabilidades, Alianza Anticorrupción Coahuila
seguirá señalando y promoviendo el fortalecimiento del sistema y sus
instituciones. Apoyamos la demanda de amparo del día 28 de agosto que se
encuentra admitida en el expediente 1134 presentado por ciudadanos y algunos
integrantes de esta alianza y todos aquellos procesos legales encaminados a
evidenciar las violaciones a los derechos humanos y constitucionales en contra
de los Coahuilenses. Esperamos que el Poder Judicial actúe en consonancia con
el sentir y la exigencia ciudadana.
Desde la ética y el
profesionalismo, seguiremos denunciando y proponiendo. ¡Por un Coahuila libre
de corrupción e impunidad!
La esperanza de justicia,
democracia y progreso; de desarrollo cultural, económico y bienestar social,
sigue viva en los coahuilenses. Nuestra voz seguirá fuerte, recia, sonora y
vibrante para decir:
-Somos Alianza Anticorrupción
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